La Unidad de Información Financiera (UIF) excluyó a la tarjeta SUBE de la obligación de comunicar las operaciones realizadas por los usuarios para detectar casos de lavado de dinero, como lo hacen el resto de las tarjetas prepagas.
La Coordinadora de Planificación del Transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires había pedido a la UIF que se expida sobre las obligaciones de la SUBE, al considerar que “es una herramienta tecnológica de utilización masiva para facilitar a los ciudadanos el acceso al transporte público de pasajeros.
"La única forma de utilización que reconoce la tarjeta es la que se materializa cuando su titular la confronta con las denominadas `máquinas validadoras` que se encuentran a bordo de las unidades de transporte; circunstancia que -en principio- la inhabilitaría como instrumento idóneo de prácticas o actos que tengan por objetivo el Lavado de Activos".
En ese sentido, la resolución precisa que por la "propia implementación del sistema", Nación Servicios debe acreditar los fondos provenientes de la recaudación del SUBE en las cuentas de las operadoras y concesionarias del transporte público, que a su vez están comprendidas en la resolución 121 de la UIF del año pasado "dirigida a las entidades financieras".
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial luego de que se oficializara el valor de 10 pesos para su tramitación, tras varios meses de entrega gratuita.
El Gobierno informó a través de un spot publicitario el valor de la SUBE, como así también que los menores a partir de los 3 años también deben tramitarla porque las máquinas no permitirán que se saque más de un pasaje por tarjeta.
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